Caracas, 6 de agosto de 2025.
La noche del miércoles, más de cincuenta madres reunidas frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) fueron brutalmente agredidas y despojadas de sus pertenencias por grupos armados identificados como “colectivos”, acciones que han desatado una condena rotunda de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales.
Contexto y Dinámica del Ataque
Las mujeres se encontraban allí en una vigilia pacífica exigiendo la libertad de sus hijos detenidos por razones políticas, coreando consignas como “Nuestros hijos no son delincuentes ni terroristas” y reclamando ser atendidas por la presidenta del TSJ, magistrada Caryslia Rodríguez (LA NACION, Diario ABC). Según el Colectivo Surgentes de Derechos Humanos, las agresiones fueron perpetradas por grupos parapoliciales enmascarados, armados, que actuaron con impunidad y ante la inacción deliberada de cuerpos policiales estatales, ya que patrullas policiales se retiraron minutos antes del ataque (Diario ABC, LA NACION).
Entre las víctimas se encuentran una madre con su bebé en brazos y una mujer embarazada, hechos que agravan gravemente la indignación pública y el carácter atroz del suceso.
Un Patrón Recurrente de Represión
Los “colectivos”—grupos armados asociados al chavismo—ya han sido documentados por su rol en la represión política y el hostigamiento violento de manifestantes. Organizaciones como Human Rights Watch han reportado que estas fuerzas han actuado con total impunidad, en coordinación tácita con autoridades estatales, cometiendo asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias y robo de pertenencias personales (Human Rights Watch).
Resistencia y Denuncia de las Madres
Madres y familiares de presos políticos han mantenido una activa resistencia, organizando movilizaciones, vigílias, cartas a organismos internacionales y rituales simbólicos como globos blancos y fotografías, para exigir justicia, liberación inmediata y el cese de la represión (El Diario, infobae, Diario ABC, amnistia.org, Runrun, elpolitico.com).
Implicaciones de Derechos Humanos
La acción del Estado al permitir o facilitar la violencia paramilitar contra mujeres y madres constituye una grave violación de derechos humanos. No solo se atenta contra sus garantías individuales, sino que esta violencia se produce en el marco de un contexto represivo más amplio que ha llegado a ser objeto de investigación por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) (El País).
Llamados Internacionales
Organismos como Amnistía Internacional han denunciado la detención, tortura, criminalización y maltrato extremo contra menores, mientras exigen su liberación inmediata y reparación, en un contexto que revela un patrón sistemático de violaciones generalizadas (Amnesty International). A su vez, medios de opinión como El País han subrayado la utilización del sistema judicial como herramienta de represión, condenando a jueces convertidos en “sicarios de la injusticia” que dictan sentencias sin respeto al debido proceso (El País).
Conclusión
La agresión de anoche contra las madres en Caracas es una agresión no solo a sus cuerpos, sino a la dignidad, a la maternidad y al derecho a la protesta pacífica. Se trata de una nueva etapa en una estrategia de intimidación institucionalizada, que requiere una respuesta firme de la comunidad internacional y mecanismos reales de justicia.
Venezuela necesita que el mundo no mire hacia otro lado: que se activen sanciones, investigaciones independientes, apoyo a defensores de derechos humanos y protección urgente para quienes, con coraje, se levantan por sus hijos y por la justicia.
