Mi travesía comienza en el municipio García Hevia, en un rincón fronterizo de Venezuela llamado Boca de Grita, a casi 100 kilómetros de San Cristóbal. Apenas llevo unas horas sobre este límite invisible cuando me topo con una escena que parece surrealista: familias enteras arrastrando maletas, colchones y utensilios del hogar, huyendo hacia Colombia con la esperanza de comenzar de nuevo, mientras del lado opuesto, por senderos clandestinos y ríos, el contrabando entra sin control a Venezuela.
Todo da la impresión de que el país está siendo desmantelado pieza por pieza. No solo cruzan alimentos o gasolina: también se llevan cables eléctricos, rieles de tren, señales viales, chatarra, ganado, maquinaria pesada, avisos, piezas de autos y hasta antigüedades. Así lo confirman las incautaciones realizadas por las autoridades colombianas.
Con la intención de comprender mejor esta dinámica caótica, decido adentrarme en el lado colombiano, en Puerto Santander. Cruzo el puente con la intención de adquirir productos esenciales y observar de cerca cómo interactúan los uniformados venezolanos con quienes regresan.
Ya había intentado cruzar antes, pero el calor y las filas me hicieron desistir. Esta vez, noto cómo una mujer que regresa a Venezuela es interceptada por la Guardia Nacional, sus pertenencias registradas, y obligada a pagarle a un hombre de aspecto ostentoso que va recolectando “impuestos” en una mochila.
Una vez en Colombia, compro lo básico: arroz, leche en polvo, harina, artículos de aseo. Al regresar, decido caminar lentamente, observando lo que sucede sobre el puente. En ese punto, dos mujeres venezolanas intentan vender su cabello a una compradora colombiana. La oferta es baja, pero aún así lo hacen, y regresan a casa sin cabello, pero con pañales y arroz.
Intento acercarme a una de ellas, pero antes de llegar, es interceptada por tres miembros de la Guardia Nacional y un civil. Tras un breve intercambio, ella les entrega dinero. Todo indica que se trata de un sistema de extorsión tolerado por los militares.
Puente Internacional Unión: un peaje de extorsión
Cuando me llega el turno, soy detenido por un guardia que pregunta cuánto pagué por los productos. Me indica que no tengo factura y señala a una sargento, quien a su vez me remite a un hombre de civil con acento colombiano. Visitantes frecuentes de esta frontera aseguran que forma parte de una estructura criminal.
La escena es grotesca: tres guardias nacionales custodian al extorsionador civil. Con arrogancia, cadenas doradas al cuello y un fajo de billetes en la mano, me exige dos mil bolívares por cada bolsa que llevo. Los militares solo observan.
Contando billete por billete, logro reunir los 8.000 bolívares exigidos. Mientras me alejo, ya están extorsionando al siguiente viajero. Creo haber superado lo peor, pero el teatro de la corrupción apenas comienza.
Segundo acto: el cobro local
A solo cien metros, en pleno centro de Boca de Grita, me interceptan dos hombres frente a una estación policial. Les explico que ya pagué en el puente. Me responden con cinismo: “Eso fue para la Guardia y el Seniat. Esto es lo nuestro”. Me exigen 3.000 bolívares adicionales. No hay margen de negociación. Incluso algunos funcionarios del Seniat observan la escena sin intervenir. La corrupción, aquí, tiene rostro de rutina.
La trocha de los Pelusos: la autopista del crimen
Con la tarde cayendo, decido conocer una de las vías ilegales más transitadas: “La Pika del Dos”. A bordo de una motocicleta, acompañado por un guía, me adentro en una zona dominada por mafias, militares y grupos armados.
Este paso clandestino, uno de los más activos entre Venezuela y Colombia, es invisible para los mapas oficiales, pero clave en el contrabando de gasolina, comida y drogas. Lo recorren camiones cisternas, vehículos cargados de víveres y motociclistas que actúan como escoltas nocturnos.
En un improvisado puesto de control, cuatro hombres montan guardia bajo una palmera. Dos de ellos nos escoltan hasta otro punto, donde militares venezolanos hacen preguntas. Decimos que vamos a Tibú a buscar medicinas y piezas para la moto. Aparentemente convencidos, nos dejan seguir. Pero unos metros más adelante, otro guardia nos hace retroceder para repetir el mismo interrogatorio.
La escena se repite con cada vehículo que pasa: una mesa vieja, dos sillas, y “el censo” que justifica la recaudación de sobornos. Nos explican que quienes llevan contrabando deben dejar una parte del dinero allí.
Camiones Ford Bronco y Chevrolet Caprice cargan hasta 160 litros de gasolina. Se calcula que más de 1.125.000 galones de combustible cruzan estas trochas diariamente: como si 112 cisternas de PDVSA pasaran a Colombia cada día.
Mi guía comenta que incluso el cartel de “Bienvenidos a Colombia” que vemos en la trocha es falso: seguimos en territorio venezolano, protegido por la Guardia Nacional y fuera del alcance del Ejército colombiano. Nadie instala un puesto en la trocha sin el permiso de las bandas criminales.
En uno de estos puntos, una mujer nos cobra 2.000 pesos por cabeza. Un peaje criminal más.
Corrupción oficializada
En esta frontera, la corrupción es institucional. La Guardia Nacional y el Ejército venezolano dividen el botín: narcotráfico para unos, contrabando de víveres y gasolina para otros. Los comandantes establecen cuotas que sus subordinados deben recaudar, extorsionando a todo el que cruza.
Ser destinado a la frontera es el sueño de muchos militares: es donde se hacen millonarios. Ya no se trata de proteger al país, sino de enriquecerse. Y todo esto con el visto bueno del Gobierno.
Mientras la Guardia pacta con guerrillas como las FARC y el ELN, son los grupos paramilitares los que controlan el contrabando diario. La frontera es tierra de nadie, o mejor dicho: tierra repartida entre fuerzas militares, guerrilla y mafias.
