Una nueva ola de represión en el entorno digital está dejando a ciudadanos comunes en el centro de un sistema judicial cada vez más implacable. En Venezuela, un simple estado de WhatsApp puede costar hasta 10 años de cárcel. Así lo demuestra el caso de Merlys Oropeza, una joven que fue condenada tras hacer un comentario crítico contra una dirigente local afín al chavismo.
La joven fue arrestada el 9 de agosto de 2024 y juzgada por el Tribunal Tercero de Juicio en Maturín, estado Monagas, bajo cargos de “incitación al odio”. Su detención se produjo poco después de que publicara un estado en WhatsApp y otro en Facebook criticando a una líder de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) en su comunidad.
Su caso fue mencionado en un informe reciente de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el cual denuncia una escalada en el control del espacio digital en Venezuela. Según este reporte, presentado durante el Consejo de Derechos Humanos el pasado 27 de junio, las autoridades venezolanas están utilizando herramientas tecnológicas para perseguir a ciudadanos que expresan opiniones contrarias al gobierno.
Entre las prácticas reportadas se encuentran detenciones arbitrarias, inspección sin orden judicial de teléfonos móviles y la utilización de aplicaciones para denunciar a presuntos «enemigos del Estado». Estas acciones han generado temor generalizado, incluso entre los jóvenes y familias que optan por el silencio como única forma de protección.
En declaraciones anónimas, migrantes venezolanos aseguran que han recomendado a sus familiares en el país no enviar mensajes ni reenviar cadenas por WhatsApp. «Tengo miedo por mi familia. Cualquier cosa puede ser usada en su contra», comenta una mujer desde el exterior.
Las denuncias se multiplican. Apenas unos días después del encarcelamiento de Oropeza, el 14 de agosto fue arrestada Lauriannys Cedeño, una adolescente de 17 años, tras enviar un mensaje por WhatsApp cuestionando los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Durante su detención sufrió una crisis nerviosa severa que derivó en daños neurológicos, por lo que fue trasladada al hospital Santos Dominicci, en Carúpano.
La represión digital forma parte de una estrategia más amplia de control político, agravada tras las elecciones. Según cifras del propio Ejecutivo, al menos 2.500 personas han sido detenidas desde entonces, incluyendo mujeres, adolescentes, personas con discapacidad e indígenas. Muchos han sido señalados simplemente por participar en protestas o emitir opiniones incómodas para el oficialismo.
El informe de Naciones Unidas también advierte sobre la creación de una aplicación móvil oficial para facilitar la denuncia de ciudadanos por motivos políticos, lo que ha sido utilizado como herramienta para persecución por parte de sectores radicales vinculados al poder.
En medio de esta situación, familiares de los detenidos expresan su angustia. Merlys Oropeza escribió una carta a sus padres en la que se disculpa por el sufrimiento causado y expresa sentirse emocionalmente devastada. Usuarios en redes sociales, por su parte, han compartido capturas de pantalla que evidencian cómo figuras locales celebraron públicamente la condena en su contra.
Desde el exilio, voces críticas al gobierno venezolano han reiterado el llamado a la comunidad internacional para que actúe frente a estos abusos. «La justicia llegará, como también la libertad y la democracia», expresó un exdiputado actualmente refugiado en Europa.
Finalmente, el informe de la ONU urge al Estado venezolano a adoptar medidas que garanticen la libertad de expresión y el acceso a la información, evitando el uso de redes sociales y plataformas digitales para vigilar, estigmatizar o criminalizar a quienes expresan opiniones contrarias al poder.
