Durante semanas, numerosos analistas y medios especularon sobre una posible intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Sin embargo, los hechos demuestran que esa posibilidad se disipó antes de concretarse. La razón no es falta de voluntad de la administración Trump, sino una resistencia férrea desde el poder oculto que realmente influye en Washington: el llamado Deep State.
Se esperaba que el 13 de septiembre de 2018 marcara el inicio de una operación militar contra el régimen de Maduro. La idea se basaba en la culminación de ejercicios navales en el Caribe con la participación de EE.UU. y 13 naciones más, además de los movimientos diplomáticos y declaraciones crípticas del entonces presidente colombiano, Juan Manuel Santos. Incluso la visita de Luis Almagro a Colombia reforzó la percepción de que una acción era inminente.
Pero algo cambió. El New York Times, con editoriales publicados los días 7 y 12 de septiembre, criticó fuertemente cualquier posibilidad de una invasión. Estas publicaciones no fueron casuales; representaban la postura del verdadero poder detrás del gobierno estadounidense: las élites políticas y económicas, tanto del Partido Republicano como del Demócrata, que se oponían frontalmente a los planes de Trump.
En ese contexto, el caso judicial de Paul Manafort, exjefe de campaña de Trump, tomó relevancia estratégica. El anuncio de su colaboración con la fiscalía federal puso en peligro no solo al propio Trump, sino también a su entorno familiar cercano. Con el proceso de juicio político en el horizonte, Trump buscaba desesperadamente una victoria simbólica que lo fortaleciera ante la opinión pública, y Venezuela parecía la carta ideal.
Sin embargo, el establishment económico no iba a permitirle jugar esa ficha. La banca estadounidense, que desde 2014 cobra directamente el petróleo que Venezuela exporta a EE.UU. como forma de pago de deuda externa, tiene demasiado en juego. Detener ese flujo significaría pérdidas millonarias para el sector financiero estadounidense. Por eso, Washington nunca interrumpió la compra de crudo venezolano, ni siquiera en medio de una retórica agresiva contra Maduro.
Desde entonces, Venezuela ha desembolsado más de 70.000 millones de dólares —no en manos del gobierno venezolano, sino directamente a los acreedores estadounidenses— lo que dejó al país sin divisas suficientes para importar alimentos, medicinas o productos básicos. Ese ahogo financiero es uno de los factores que ha alimentado la hiperinflación y el colapso económico del país sudamericano.
Un cambio de régimen, respaldado o instalado por Washington, implicaría revisar esas condiciones. Es decir, si se elimina el embargo financiero y se permite al nuevo gobierno acceder a sus ingresos petroleros, la banca dejaría de cobrar su deuda directamente. Por tanto, incluso desde el punto de vista financiero, a los grandes poderes económicos no les interesa un cambio abrupto de gobierno en Caracas.
Por eso, a pesar de las presiones y planes de Trump, la invasión nunca ocurrió. La llamada del vicepresidente estadounidense al nuevo presidente colombiano para comunicar la suspensión de la operación fue una muestra clara de que las decisiones en Washington no las toma una sola persona, sino una estructura más compleja y con intereses muy definidos.
Colombia, que ya había preparado el terreno diplomático y logístico, se quedó esperando. Su negativa a firmar un comunicado del Grupo de Lima condenando una posible intervención fue una reacción clara: se sintieron utilizados, engañados, y finalmente abandonados.
La situación geopolítica actual entre Estados Unidos y Venezuela refleja una compleja interacción de intereses económicos, estratégicos y políticos que han evolucionado significativamente desde 2018.
Evolución de la política estadounidense hacia Venezuela:
Durante el primer mandato de Donald Trump, existió una retórica agresiva hacia el gobierno de Nicolás Maduro, incluyendo la posibilidad de una intervención militar. Sin embargo, factores internos como la presión del «Deep State» y consideraciones económicas, especialmente relacionadas con la deuda venezolana y los intereses de la banca estadounidense, disuadieron tal acción.
En años recientes, la política estadounidense ha mostrado un enfoque más pragmático. En julio de 2025, la administración Trump reinstauró licencias que permiten a Chevron reanudar operaciones en Venezuela, una reversión de decisiones anteriores que buscaban aislar al régimen de Maduro. Este cambio se enmarca en una estrategia para contrarrestar la influencia de China y Rusia en la región, asegurando al mismo tiempo el acceso a los vastos recursos petroleros venezolanos .(The Washington Post, Financial Times)
Implicaciones económicas y estratégicas:
La reanudación de operaciones por parte de Chevron y otros actores internacionales sugiere una flexibilización de las sanciones, permitiendo a Venezuela incrementar su producción petrolera, que actualmente se mantiene en alrededor de 1 millón de barriles diarios, principalmente destinados a refinerías independientes chinas . Este aumento en la producción podría proporcionar al gobierno de Maduro ingresos cruciales, aunque las licencias actuales estipulan que las ganancias se utilicen para el pago de deudas y no beneficien directamente al régimen.(Reuters)
Perspectivas futuras:
La relación entre Estados Unidos y Venezuela continúa siendo volátil, influenciada por consideraciones geopolíticas, económicas y de seguridad. Mientras que la administración Trump ha adoptado un enfoque más transaccional, priorizando intereses estratégicos y económicos, la situación interna en Venezuela, incluyendo la estabilidad política y las condiciones humanitarias, seguirá siendo un factor determinante en la formulación de políticas futuras.
En resumen, la política estadounidense hacia Venezuela ha transitado de una postura confrontacional a una más pragmática, buscando equilibrar la presión sobre el régimen de Maduro con la necesidad de proteger intereses económicos y estratégicos en la región.
Conclusión actual del artículo “Por qué Estados Unidos no invadirá Venezuela” (2025):
A día de hoy, la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela sigue marcada por una tensión estratégica, pero con un giro evidente hacia el pragmatismo. Aunque en 2018 existía un fuerte discurso sobre una posible invasión durante el mandato de Donald Trump, los intereses del llamado «Deep State» y especialmente del sector bancario estadounidense impidieron esa acción. Hoy, ese enfoque sigue vigente, pero adaptado a las circunstancias del presente.
La administración Trump —en su segundo mandato— ha optado por flexibilizar sanciones clave, como permitir que Chevron y otras compañías operen en Venezuela nuevamente. Esta medida, lejos de ser una concesión política, responde a intereses estratégicos: asegurar acceso a recursos energéticos venezolanos en medio de la competencia global con China y Rusia. Además, busca controlar el flujo petrolero y evitar que solo beneficie a potencias rivales.
Aunque el gobierno de Nicolás Maduro sigue siendo considerado ilegítimo por parte de Washington, la realidad es que las presiones internas en EE. UU. —económicas y geopolíticas— han moderado la política de “máxima presión” de años anteriores. Hoy, la prioridad parece ser mantener la estabilidad regional y proteger intereses económicos sin desatar un conflicto abierto.
En este contexto, una invasión sigue sin estar sobre la mesa, no por falta de razones políticas o ideológicas, sino porque no conviene ni al aparato financiero ni al tablero geopolítico global. Venezuela sigue siendo una ficha en juego, pero ya no se ve como un objetivo militar directo, sino como un territorio a contener, explotar económicamente y manejar con cautela diplomática.
