En teoría, Venezuela cuenta con 18 plantas estatales dedicadas a la producción de harina precocida de maíz. En la práctica, la mayoría están paralizadas o funcionando por debajo de su capacidad, generando pérdidas millonarias y dejando a millones de familias sin acceso a uno de los alimentos más básicos de la dieta venezolana.
Doce de estas plantas están gestionadas por Venezolana de Alimentos La Casa, S.A. (Venalcasa), un conglomerado creado por el gobierno nacional como parte de los acuerdos de cooperación con Irán entre 2007 y 2013. Aunque se trataba de un ambicioso plan para garantizar soberanía alimentaria, el balance actual es desolador.
Los números que el gobierno oculta
Los datos oficiales solo se encuentran en la Memoria y Cuenta del Ministerio de Alimentación del año 2015. Allí, entre páginas técnicas y silencios cómplices, se revela que las plantas de Venalcasa apenas operaron al 14,7% de su capacidad, y produjeron en todo el año apenas 24.164 toneladas, lo que representa solo el 1,98% de la oferta nacional de harina.
Una de las plantas, la Valle de Guanape en Anzoátegui, que además es de las más modernas, apenas trabajó el 2,7% del tiempo disponible. A pesar de su infraestructura, produjo el equivalente a tan solo siete días de operación efectiva en todo el año.
La planta con mejor desempeño, Francisco de Miranda en Guárico, operó apenas un cuarto del tiempo posible. En conjunto, las 12 instalaciones de Venalcasa están muy lejos de justificar los miles de millones invertidos en su construcción.
Un sistema estatal que no produce ni respuestas
De las 27 plantas de harina que existen en el país, 18 están bajo control del gobierno. Sin embargo, solo el sector privado, en especial Alimentos Polar, publica cifras de producción. Polar, con solo tres plantas, fue responsable del 50% de la harina producida en el país en 2015, según datos propios.
Mientras tanto, las plantas estatales —incluidas aquellas expropiadas como Pronutrico (Doña Rosa) y Ricamasa (Ricarepa)— permanecen envueltas en una opacidad absoluta. Nadie sabe cuánto producen ni qué pasa con sus recursos. En muchos casos, ni siquiera sus trabajadores conocen los planes o cronogramas de operación.
Encuestas que revelan el fracaso
Una encuesta nacional realizada por Datanálisis muestra que la harina PAN, marca de Polar, es la que más se consigue en el mercado (77,7%). Otras marcas públicas como Juana, Mazorca, Doña Emilia, Venezuela o Lucharepa tienen una presencia marginal o prácticamente inexistente.
Este abismo entre la capacidad instalada y la realidad del mercado revela que el aparato estatal de producción de alimentos ha colapsado. Las plantas no están operativas, los equipos están abandonados y las promesas quedaron en papel.
Inflación y déficit: harina que se convirtió en hambre
Las pérdidas operativas de estas plantas estatales no solo afectan la alimentación de los venezolanos, sino que contribuyen al déficit fiscal, que algunos economistas sitúan en más del 22% del PIB. La falta de ingresos obliga al gobierno a financiarse a través del Banco Central, provocando una inflación histórica.
El resultado es visible en cada hogar venezolano: anaqueles vacíos, colas interminables, y una población atrapada entre el hambre y la incertidumbre.
¿Y los responsables?
Los funcionarios que dirigieron este colapso —entre ellos, los generales Carlos Osorio, Rodolfo Marco Torres y Julmer Yépez Castro— no han dado la cara. Tampoco los directores de planta, ni los jefes de logística, ni los encargados de distribución. Su silencio retumba en cada mesa donde falta la arepa.
Las plantas del Estado no producen harina. Producen frustración. Fabrican escasez. Alimentan el hambre.
¿Quieres que lo transforme también en una versión para video, infografía, o un hilo de redes sociales?
