A comienzos de septiembre, las redes sociales se llenaron de indignación tras conocerse la detención de una familia entera en Venezuela, incluyendo una niña de apenas dos años. La policía buscaba a un supuesto colaborador de la líder opositora María Corina Machado y, al no encontrarlo, optó por arrestar a sus familiares.
Entre los detenidos se encontraban Miriam Fernández Ruiz (72 años), Chantal Guillén Ibarra (21), Miguel Ángel Guillén (17) y una bebé de dos años. Solo el padre de Chantal escapó de la aprehensión por no encontrarse en casa al momento del operativo.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció en la red social X que el hombre buscado era “colaborador del equipo de movilización de María Corina Machado y miembro clave de la campaña electoral de Edmundo González para las elecciones del 28 de julio de 2024”.
Aunque los menores fueron liberados días después, el resto de la familia permanece en prisión, sin información clara sobre su situación legal.
Otro caso: arrestan a un defensor de derechos humanos junto a toda su familia
Apenas una semana después, el 16 de septiembre, se repitió una escena similar.
El activista Pedro Hernández, defensor de derechos humanos, fue detenido en el estado Yaracuy junto a su padre, su esposa Natalia Álvarez, su hermano Daniel Hernández Oropeza y su primo José Gregorio Hernández, quien además ejerce como su abogado.
Según trascendió, la familia fue arrestada cuando acudió a un centro de reclusión para preguntar por Pedro Hernández (hijo), sin imaginar que también serían privados de libertad.
El origen histórico: el Sippenhaft, castigo colectivo en la era nazi
Defensores de derechos humanos han comparado estas prácticas con el Sippenhaft, un método utilizado en la Alemania nazi para castigar a los familiares de quienes eran considerados “traidores”, aun cuando no tuvieran relación alguna con sus acciones.
La ONU ha calificado la detención de familiares en Venezuela como una “práctica perversa e ilegal que puede constituir un crimen internacional”, ya que en muchos casos equivale a una desaparición forzada por la falta de información sobre el paradero de las víctimas.
La Misión de Determinación de Hechos de la ONU, en su informe de 2021, documentó cómo las fuerzas de seguridad e inteligencia venezolanas empleaban secuestros y detenciones de familiares como mecanismo de presión contra opositores, aplicando directamente el principio del Sippenhaft.
“Tácticas criminales” para castigar a los disidentes
Según ese informe, estas detenciones funcionan como una forma de represalia o coerción, generando “trato cruel, inhumano o degradante” y un clima de miedo generalizado en la sociedad.
El documento detalla que la persecución no se limita a los líderes políticos, sino que se extiende a sus entornos cercanos.
En su punto 73, la Misión denuncia que los organismos de seguridad e inteligencia emplean “tácticas criminales, incluyendo el secuestro o detención de miembros de la familia” para obtener confesiones o facilitar arrestos.
Uno de los casos citados es el de un hombre acusado de participar en la Operación Gedeón (2020), quien relató haber sido torturado y amenazado con la detención de sus familiares. La amenaza se cumplió: sus dos hermanas y su cuñado fueron arrestados y mantenidos 32 días en la sede de la DGCIM en Boleíta.
El Sippenhaft, ideado por Heinrich Himmler, se justificaba bajo la noción de “corrupción de la sangre”, un principio que hoy se refleja, según los expertos, en las tácticas de represión política del régimen venezolano.
“En Venezuela también se usa el Sippenhaft como amenaza. Si alguien no confiesa, le dicen: ‘detendremos a tus hermanos, a tu esposa, a tus hijos’”, explicó Alí Daniels, coordinador de la ONG Acceso a la Justicia, al diario El Tiempo.
“Es una violación directa del derecho penal: solo quien comete un delito puede ser juzgado, no su familia”, añadió.
Abogados defensores, también bajo presión
La política de represalias familiares se ha extendido incluso a los abogados que defienden a presos políticos.
De acuerdo con el mismo informe de la ONU, 57% de los 56 abogados consultados aseguró haber recibido amenazas o acoso, tanto contra ellos como contra sus familias.
Entre las denuncias más comunes figuran la vigilancia constante, llamadas intimidatorias, persecución, y bloqueos de acceso a los tribunales.
La Misión concluye que la detención y el acoso a familiares de opositores forman parte de una política de Estado en Venezuela, cuyo objetivo es sembrar miedo y mantener el control social.
