En el panorama político latinoamericano, países como Venezuela presentan una particularidad inquietante: gobiernos que, bajo una fachada democrática, ejercen un autoritarismo cada vez más evidente. A diferencia de estados abiertamente represivos como Siria o Afganistán, donde la violencia extrema y las violaciones a derechos humanos se cometen sin aparente preocupación por la opinión internacional, Venezuela busca preservar su imagen global mientras reprime sistemáticamente a su población.
La máscara de la democracia en Venezuela
Desde hace años, el régimen de Nicolás Maduro ha intentado mostrar al mundo un proceso electoral formalmente democrático. Sin embargo, múltiples informes y observadores internacionales han denunciado que dichas elecciones están profundamente amañadas para garantizar su permanencia en el poder, como reporta Human Rights Watch.
Por otro lado, la supuesta defensa de los derechos humanos es un mero espejismo. Ciudadanos venezolanos son perseguidos por manifestar sus opiniones en redes sociales o en protestas públicas. Las acusaciones que enfrentan suelen ser delitos graves como “terrorismo” o “incitación al odio”, con penas que pueden alcanzar los diez años de prisión. Esta estrategia no solo silencia la disidencia, sino que también busca desprestigiar a sus opositores, presentándolos ante la comunidad internacional como criminales peligrosos, denuncia Amnistía Internacional.
La paradoja del exilio y la visión europea
Quienes logran huir de Venezuela enfrentan otro tipo de obstáculos cuando solicitan asilo en países de la Unión Europea. Las autoridades migratorias muchas veces comparan la situación venezolana con la de países abiertamente brutales como Afganistán, Siria o ciertas naciones africanas donde los gobiernos perpetran genocidios y atrocidades sin disimulo, según el Council on Foreign Relations.
Estos países europeos, acostumbrados a procesar solicitudes de asilo procedentes de zonas en guerra abierta o con una apariencia débil de democracia, a menudo aplican criterios que no captan las sutilezas del autoritarismo sofisticado. En mi experiencia personal, han pasado más de seis años desde que superé la segunda fase de mi solicitud de estatus de refugiado y aún no he tenido la entrevista personal. Este paso es obligatorio por ley y debería realizarse en un plazo máximo de 6 meses, ampliable a 9 meses en casos complejos (asylumineurope.org). Sin embargo, en Portugal la realidad es un auténtico desorden: la Agencia para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) acumula demoras indefinidas, dejando a solicitantes como yo en una especie de limbo legal que contradice la normativa.
Una abogada del Conselho Português para os Refugiados (CPR) me explicó que, dado que el gobierno venezolano me ha renovado pasaportes y apostillas sin objeciones, las autoridades asumen que no necesito protección internacional. Lo que no entienden es que regímenes como el de Maduro mantienen la vigencia de documentos para aparentar normalidad; bloquearlos sería reconocer ante la comunidad internacional que persiguen a críticos, lo que generaría presión externa. En lugar de eso, esperan a que opositores como yo —que utilizamos redes sociales, blogs y medios digitales para denunciar corrupción y violaciones de derechos humanos— pisen suelo venezolano, momento en el que pueden fabricar acusaciones y encarcelarnos bajo una fachada “legal”.
Esta forma de operar no es nueva, pero sigue incomprendida en Europa. Mientras tanto, los retrasos en Portugal no son casos aislados. Según informes recientes:
- AIMA heredó más de 400.000 expedientes pendientes, y aunque un tribunal ordenó resolverlos en 90 días, la mayoría sigue sin respuesta (theportugalnews.com).
- Las quejas contra AIMA han aumentado un 37 % en un año, sobre todo por retrasos en la entrega de documentos y la dificultad para conseguir citas (theportugalnews.com).
- Hay estimaciones judiciales de que más de 50.000 casos podrían estar “perdidos” o sin seguimiento, porque AIMA no actualiza la información de entrevistas ya programadas (plataformamedia.com).
- Inmigrantes han protestado frente a sus oficinas denunciando esperas de 6 a 8 meses para recibir una simple tarjeta de residencia, sin ninguna comunicación oficial clara (portugalimmigrationnews.com).
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha advertido que la posesión de documentos válidos no elimina el riesgo de persecución, ya que muchos gobiernos autoritarios mantienen estos trámites para proyectar una falsa imagen de normalidad y así evitar sanciones o reconocer la existencia de represión política. Sin embargo, esta advertencia aún no se refleja de manera consistente en las decisiones de protección internacional en la Unión Europea.
Esta situación revela un grave desfase entre la realidad de la persecución política y la interpretación que hacen las autoridades europeas. Los sistemas burocráticos, como el portugués, no solo demoran procesos legales que deberían tener plazos claros, sino que además ignoran la lógica represiva de los regímenes autoritarios, evaluando la protección internacional únicamente en función de documentos oficiales. Esto deja a solicitantes como yo en un limbo legal prolongado, expuestos a vulnerabilidades que podrían haberse prevenido si se comprendiera la verdadera naturaleza del riesgo. La falta de actualización y flexibilidad en la aplicación de criterios demuestra que, aunque la ley y organismos como ACNUR marcan pautas claras, la práctica cotidiana no refleja la protección real que deberían recibir los refugiados y críticos políticos, evidenciando la necesidad urgente de reformas que conecten la normativa con la realidad política de los países de origen.
Autoritarismo camuflado: un desafío para la justicia internacional
Este fenómeno revela una brecha importante en los sistemas de protección internacional: la dificultad para distinguir entre gobiernos autoritarios que se disfrazan de democráticos y regímenes abiertamente represivos. Países como Venezuela utilizan la fachada electoral y procedimientos legales para simular un estado de derecho, a diferencia de países como Siria o la República Democrática del Congo, donde los conflictos armados y genocidios son evidentes y brutales, según informes de Human Rights Watch sobre África.
En Afganistán, por ejemplo, la violencia contra minorías y grupos vulnerables, como homosexuales, es extrema y pública, documentada por Amnistía Internacional. En contraste, en Venezuela la represión política se ejerce a través de acusaciones legales infundadas, torturas encubiertas y la manipulación de la imagen internacional.
La necesidad de un enfoque actualizado
Para ofrecer una protección efectiva a quienes huyen de gobiernos como el venezolano, las políticas europeas deben actualizar sus criterios de evaluación y reconocer que no todos los regímenes autoritarios actúan con la crudeza abierta de los estados en guerra civil o genocidio. El autoritarismo moderno puede ser más sutil, pero igualmente devastador para la libertad y los derechos humanos.
La experiencia de venezolanos que enfrentan negaciones de asilo basadas en comparaciones erróneas con países en guerra pone en evidencia la urgencia de este cambio. Solo con una comprensión profunda y diferenciada de cada contexto podrá el derecho internacional humanitario cumplir su propósito de proteger a los más vulnerables, sin caer en prejuicios o simplificaciones.
