Dos jóvenes emprendedoras, Génesis P. (27) y Rocío R. (24), han sido sentenciadas a una década de cárcel luego de que fueran acusadas de delitos graves como incitación al odio, traición a la patria y terrorismo. El motivo: aceptar un encargo de camisetas que representaban la caída simbólica de una estatua vinculada a una figura política del país.
Las jóvenes, que recién comenzaban su actividad en una modesta tienda de estampados, recibieron el pedido a través de mensajería instantánea. El cliente, aparentemente muy interesado, ofreció un pago en divisas extranjeras y pidió que la entrega se hiciera con urgencia. A pesar de las dudas iniciales, accedieron al pedido con la intención de cumplir con un trabajo más.
Sin embargo, al momento de entregar las camisetas, fueron interceptadas por funcionarios policiales. Las piezas fueron confiscadas sin ninguna explicación previa y ambas jóvenes fueron arrestadas en el acto.
Durante el proceso judicial, se conoció que el encargo habría sido una trampa montada deliberadamente por algunos funcionarios con el fin de generar un caso de repercusión mediática. Testimonios recogidos en el juicio revelaron que la operación fue una especie de “falso positivo”, donde las jóvenes fueron utilizadas para fabricar un expediente con fines institucionales.
El juicio se inició en agosto de 2024 en la jurisdicción occidental del país. Las acusadas estuvieron representadas por una defensora pública, y el caso pasó por distintas manos dentro del Ministerio Público. En audiencia, ambas admitieron haber actuado por necesidad económica, y una de ellas afirmó que nunca imaginaron que cumplir un simple pedido se convertiría en una condena tan dura.
“Nos equivocamos por necesidad. Sólo queríamos generar algo de ingreso para cubrir gastos y deudas”, expresó una de las jóvenes ante el tribunal. Añadió que no tienen antecedentes ni intención alguna de promover mensajes de odio o acciones subversivas.
Las pruebas clave que respaldan la versión de las acusadas se encuentran en los intercambios de mensajes digitales, donde puede apreciarse que no hubo ninguna intención delictiva, sino la ejecución de un trabajo solicitado con insistencia.
El caso ha provocado reacciones entre activistas de derechos humanos y ciudadanos preocupados por el uso del sistema judicial para criminalizar errores sin antecedentes de violencia. Mientras tanto, ambas jóvenes permanecen privadas de libertad cumpliendo una pena que ha sido calificada por muchos como desproporcionada y políticamente motivada.
