Este lunes 30 de junio, el Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, anunció la detención del influencer Ángel Ignacio Cárdenas Bravo, más conocido como “El Fresa”. La Fiscalía lo acusa de incitación al odio y llamado a la intervención militar en el país, cargos que, según el propio Ministerio Público, se basan en el contenido que difundía a través de redes sociales.
Saab informó en su cuenta de Instagram que Cárdenas habría utilizado sus plataformas para incitar a la violencia política y a una intervención militar extranjera en Venezuela. El anuncio llega apenas días después de que el influencer fuera repatriado desde Estados Unidos en un vuelo con otros 205 venezolanos.
Ese mismo día, el presidente Nicolás Maduro hizo referencia al caso durante un acto transmitido por Venezolana de Televisión:
“Hoy llegó en el vuelo ‘Fresa el elemento’ y resulta que lo estaba esperando Diosdado (Cabello). Vueltas que da la vida. Nosotros estamos tranquilos, defendiendo la paz y el derecho a la vida de nuestro pueblo. El que tenga oídos, que escuche”.
No es la primera vez que algo así ocurre. En abril, otro influencer venezolano, Leonel Moreno, alias “Leíto”, fue arrestado tras llegar a Venezuela en un vuelo de repatriación en marzo, acusado también de delitos de odio.
Las consecuencias de las deportaciones para solicitantes de protección internacional
Casos como el de “El Fresa” no solo abren titulares, también dejan en evidencia lo que enfrentan muchos venezolanos que piden estatus de protección internacional en países como Estados Unidos y no son admitidos.
Cuando un venezolano solicita asilo político o Estatus de Protección Temporal (TPS) y su caso es rechazado, corre el riesgo de ser deportado directamente a Venezuela. Las consecuencias pueden ser graves:
- Procesos judiciales inmediatos si el gobierno venezolano lo considera un “enemigo político” o un infractor por sus publicaciones o activismo en el extranjero.
- Pérdida de redes de apoyo que tenían en el país de acogida, quedando en una situación de vulnerabilidad económica y social al regresar.
- Exposición a represalias o persecución si sus opiniones o denuncias en redes sociales iban contra el gobierno.
- Dificultad para volver a emigrar legalmente, ya que una deportación deja antecedentes migratorios negativos.
En muchos casos, como estos, el regreso no es voluntario sino forzado, y el impacto emocional y familiar es profundo.
En mi opinión, más allá de estar de acuerdo o no con el discurso de estos influencers, lo que vemos es un patrón claro: cualquier venezolano deportado que haya sido crítico con el gobierno en el exterior debe estar preparado para enfrentar consecuencias legales inmediatas al llegar al país. Y este panorama plantea un serio debate sobre la protección internacional y el papel que juegan las redes sociales en la vida (y el destino) de quienes deciden hablar sin filtros.
