📱 Justicia chavista valida el uso de mensajes de WhatsApp como prueba en tribunales venezolanos
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) controlado por el régimen de Nicolás Maduro determinó que los mensajes enviados a través de WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería pueden ser utilizados como pruebas legales en procesos judiciales dentro de Venezuela.
Según el fallo, chats, audios, llamadas, fotografías y videos obtenidos de estas plataformas tienen valor probatorio, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la ley.
El dictamen se sustenta en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, que reconoce la validez de documentos públicos y privados, y permite que puedan ser cuestionados por la contraparte si existen dudas sobre su autenticidad.
“El contenido de un mensaje de datos impreso posee el mismo valor que una copia o reproducción fotostática simple”, indicó la Sala de Casación Civil del TSJ en su sentencia N.º 19.
“Su veracidad podrá ser refutada mediante cualquier otro medio de prueba permitido por el Código de Procedimiento Civil”, añadió el fallo.
Esta decisión se originó a raíz de un caso judicial ocurrido hace cinco años en el estado Monagas, donde un supuesto contrato de compraventa resultó ser un acuerdo falso entre particulares. Durante el proceso, el tribunal analizó las conversaciones de WhatsApp de las partes involucradas y concluyó que los mensajes eran parte de una simulación, anulando el documento en cuestión.
Tras revisar ese expediente, la Sala de Casación Civil decidió reafirmar la validez de los mensajes digitales como elemento de prueba en los tribunales venezolanos.
La organización Acceso a la Justicia destacó la importancia del fallo, señalando que su aplicación “sirve de orientación a jueces y abogados sobre cómo proceder en casos donde se presenten evidencias digitales”.
Un precedente similar ocurrió en Colombia en julio de 2024, cuando la Corte Constitucional determinó que los mensajes electrónicos —incluidos los de WhatsApp— poseen el mismo peso probatorio que los documentos escritos, siempre que se respete la autenticidad, integridad y confiabilidad de la información.
En el contexto venezolano, esta medida ha generado preocupación entre activistas y juristas, ya que el régimen de Maduro ha utilizado mensajes privados de WhatsApp para criminalizar a opositores y ciudadanos comunes, abriendo la puerta a nuevas formas de persecución política bajo apariencia judicial.
