En octubre de 2024, un grupo de madres venezolanas acudió a una prisión para visitar a sus hijos, muchos de ellos menores de edad, detenidos tras los comicios presidenciales de julio. Lo que prometía ser una visita humana, terminó en una experiencia traumática: las mujeres fueron expulsadas del penal y, mientras abandonaban el lugar, escucharon estremecedoras voces de sus hijos que denunciaban abusos y torturas.
Denuncias de tortura sistemática
Según testimonios recogidos por medios y organizaciones defensoras de derechos humanos, los jóvenes detenidos habrían sido sometidos a tratos crueles, incluyendo desapariciones durante las primeras horas de reclusión, palizas tan violentas que algunos perdieron dientes, choques eléctricos y asfixia mecánica (EL PAÍS English, Univision, infobae).
Amnistía Internacional confirmó que entre el 29 y 31 de julio seis niños y niñas fueron víctimas de torturas físicas y violaciones al debido proceso, y que casi 200 permanecían aún detenidos en condiciones que violan sus derechos fundamentales (Amnesty International).
Contexto de represión y falta de transparencia
La brutal represión postelectoral que vivió Venezuela ha llevado a que cientos de personas —muchos de ellos adolescentes— sean arrestados con acusaciones ambiguas como terrorismo. La ONG Foro Penal reporta que al menos 70 menores siguen detenidos sin juicio y bajo condiciones inhumanas (France 24, Archyde, thestkittsnevisobserver.com, Human Rights Watch).
La misión independiente de la ONU documentó que estas detenciones arbitrarias forman parte de una estrategia sistemática que cumple los criterios de crímenes contra la humanidad, incluyendo desapariciones forzadas y torturas físicas y psicológicas (Oficina del Alto Comisionado).
Caso de Lucía, madre que presenció los abusos
La historia de “Lucía”, una madre de 42 años de edad, originaria de Anzoátegui, que viajó junto a otras madres a una cárcel en Miranda.
Lucía jamás esperó escuchar a su hijo desde lejos, gritando que lo habían subido a un cuarto donde lo ataban en sillas rígidas, lo golpeaban con palos, lo dejaban horas vendado, y ninguno de los golpes era por un crimen —decía él—, sino por el simple hecho de haber alzado la voz en la protesta pacífica.
La desesperación de los adolescentes presos tras las protestas postelectorales en Venezuela
Más de 65 días en prisión y la angustia crece sin respuesta. Miguel, un joven de 16 años detenido tras las manifestaciones postelectorales en Venezuela, confiesa a su madre que «se quiere morir» y que está «cansado» de la situación que atraviesa. Su madre, Theany, hace un llamado desesperado a fiscales y jueces para que reconsideren el caso y pongan «la mano en el corazón», denunciando la injusticia de mantener tras las rejas a personas inocentes y sin recursos para defenderse.
Miguel fue arrestado el 2 de agosto mientras se encontraba en la esquina de la casa de su abuela, y desde entonces permanece en prisión sin haber tenido aún una audiencia preliminar. A pesar de haberse vencido el plazo legal, el joven sigue sin conocer si será llevado a juicio o si continuará detenido. Fue acusado de instigación al odio, resistencia a la autoridad, obstrucción a la vía pública y terrorismo, delito que podría implicar hasta 10 años de cárcel. Sin embargo, según su madre, Miguel no participó en las protestas y no entiende la razón de su encarcelamiento.
La situación de Miguel refleja la realidad de decenas de adolescentes que han sido detenidos desde el inicio de las manifestaciones contra el presunto fraude electoral denunciado por la oposición venezolana. Según la ONG Foro Penal, al menos 70 jóvenes entre 14 y 17 años permanecen detenidos, 19 de ellos ya enfrentan juicio con posibles condenas de hasta una década en prisión.
Los relatos de los familiares evidencian condiciones precarias en los centros de detención. Miguel estuvo encerrado en una celda conocida como «La Llorona» en un lugar llamado «El Inframundo», donde los jóvenes eran sometidos a golpes y torturas para forzar confesiones, incluyendo descargas eléctricas, según denunció su madre. Posteriormente fue trasladado a un penal de menores donde las condiciones mejoraron, aunque su salud sigue siendo motivo de preocupación.
Un caso similar es el de Ángel Moisés, también de 16 años, quien fue detenido tras denunciar una moto robada cerca de su casa y ahora enfrenta cargos por terrorismo, incitación al odio, resistencia a la autoridad y hurto calificado. Su madre, Nérida, relata cómo su hijo pasó semanas sin verla, en condiciones insalubres y con trato cruel hasta ser trasladado a un centro de menores donde pudo recibir atención médica básica.
Orlando, otro adolescente de 15 años detenido en Valencia, fue obligado a participar en grabaciones falsas y sufrió violencia física y psicológica en varios centros de detención. Su madre relata el calvario de ver a su hijo golpeado, enfermo y confundido sobre su situación, preguntándose qué significa «fascista» sin comprender el motivo de su arresto.
Estos testimonios reflejan un patrón de violaciones a los derechos humanos y al debido proceso. El presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, denuncia que muchos de los adolescentes permanecen privados de libertad sin acceso a expedientes ni a una defensa adecuada, lo que invalida los procesos judiciales y perpetúa la injusticia.
El Gobierno venezolano sostiene que las detenciones son parte de la lucha contra el vandalismo y el terrorismo, como reiteró el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, quien calificó las acusaciones de una campaña mediática en contra del Ejecutivo.
Mientras tanto, madres como Theany, Nérida y Mariela luchan para que sus hijos sean liberados y puedan recuperar la libertad y una vida normal. En sus palabras, el mayor deseo es que esta pesadilla termine pronto, y que se haga justicia para estos jóvenes que, más que delincuentes, son víctimas de un sistema que los ha dejado sin voz.
La lucha de las madres: resistencia y visibilidad
Organizaciones como Madres por la Verdad o el Comité de Madres han denunciado públicamente estos abusos. Por ejemplo, en octubre una delegación de madres denunció ante el Tribunal Supremo de Justicia las torturas y la negación de acceso a los reos. Estas acciones encienden el foco sobre un Estado que, según la Assembly of Mothers, “secuestra y tortura niños”, según la voz de líderes como María Corina Machado (LaPatilla.com).
La situación cobra aún más gravedad cuando colectivos armados reprenden a familiares en manifestaciones pacíficas, como ocurrió en agosto frente al TSJ, donde las madres fueron agredidas y despojadas de sus pertenencias mientras exigían justicia (TV Azteca, Wikipedia).
Conclusión
Las denuncias de torturas, aislamiento, desinformación y violencia institucional que enfrentan jóvenes detenidos y sus familias constituyen una grave violación de los derechos humanos. Las madres no solo luchan por un proceso justo, sino por la dignidad, seguridad y salud mental de sus hijos. Este drama familiar y colectivo demanda atención urgente de la justicia nacional e internacional.
Fuentes clave:
- France 24: denuncias de madres sobre torturas y palizas a menores (France 24)
- El País: informes sobre electroshock, desnutrición y desapariciones (EL PAÍS English)
- Amnistía Internacional: documentación de torturas a niños tras elecciones (Amnesty International)
- EFE y Foro Penal: testimonios sobre violaciones a derechos de menores privados de libertad (Archyde, thestkittsnevisobserver.com)
- ONU (Fact-Finding Mission): patrón sistemático de detenciones arbitrarias y torturas (Oficina del Alto Comisionado)
- La Patilla: solidaridad de figuras opositoras con las madres (LaPatilla.com)
- TV Azteca / PROVEA: agresión a madres en vigilia frente al TSJ (TV Azteca)
